Se trata de instalar -antes del 30 de noviembre- sistemas de huellas digitales en farmacias, mercados y supermercados públicos y privados con el fin de limitar las compras de la gente, que muchas veces adquiere más de lo que necesita en medio del pánico que genera la escasez.

La campaña, sin embargo, genera rechazo de parte de consumidores, analistas y políticos de oposición, quienes sostienen que más controles aumentarán la burocracia, el contrabando y la ineficiencia, pero no resolverán la escasez.

Según el gobierno de Nicolás Maduro, la situación es producto de una "guerra económica" que opera a través del contrabando y el acaparamiento y, en ese sentido, el gobierno considera que con más sistemas de control en la distribución, compra y venta de productos podrá acabar con la crisis.

"Papahuellas"

El sistema de captahuellas, conocido en la jerga local como "papahuellas", es una ampliación de un programa de Abastecimiento Seguro que se había anunciado en abril para supermercados públicos.

Así, el gobierno dice que puede evitar el acaparamiento y permitirle a cada venezolano la adquisición de los productos.

Los productos básicos como el aceite, la harina de maíz y el azúcar están regulados a precios muy económicos en Venezuela, por lo que resulta un negocio muy rentable conseguirlos a "precio solidario" y revenderlos en la calle a precios más altos que la gente está dispuesta a pagar para evitarse las filas.

La medida se añade a la llamada "guerra contra las colas", una campaña con la que el gobierno, según anunció esta semana, quiere acabar con las extensas filas que se desprenden de cada supermercado venezolano.

Según el oficialismo, las filas tienen su causa en la ineficiencia de los supermercados, que muchas veces abren solo la mitad de las cajas que tienen disponibles.

La campaña para controlar los supermercados, pues, es ambiciosa. Tanto que el gobierno, según el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, está dispuesto a "tomar medidas de ocupación temporal" de los establecimientos comerciales que, según ellos, no cumplan con la ley.

El gobierno, en efecto, decretó este año una polémica Ley de Precios Justos que regula las ganancias de los vendedores en un 30%.

Fuente: BBC Mundo.