11 de mayo de 2018
La Contraloría General de la República (CGR) anunció que aún no entregará las declaraciones juradas de autoridades electas desde 1998 a 2017 tal como lo ordenó el juez Rubén Darío Riquelme.
El magistrado resolvió hacer lugar a la acción de amparo constitucional promovida por el ciudadano Juan Lezcano contra la Contraloría, por lo cual la institución deberá dar a conocer las declaraciones presentadas por las máximas autoridades gubernamentales (presidente, vicepresidente, ministros, secretarios con rango de ministros, legisladores, ministros de la Corte, gobernadores, intendentes, integrantes de juntas, directores de Itaipú y Yacyretá, entre otros) entre 1998 y 2017.
Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR), asegura que no se rehúsa a entregar los documentos sino que actualmente solicitaron una aclaratoria para cumplir la sentencia. Aun así, anuncian que luego apelarán.
"La Ley 5033/13 habla de la prohibición de copias juradas. Dice que debe ser a través de órganos jurisdiccionales. Entendemos que se debería dar en el marco de una causa", expresó el equipo jurídico.
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