Los manifestantes se reunieron, llegaron hasta la vivienda para exigir la renuncia de Rodríguez y de los consejeros, por avalar la contratación amañada para el servicio de seguridad privada por valor de 28 millones de dólares, cuando consideran que existen otras urgencias como la provisión suficiente de medicamentos.

La convocatoria refirió entre los motivos, además, la escandalosa corrupción imperante, el respeto de los derechos laborales y el repudio a la desastrosa administración.

El escándalo saltó cuando una investigación periodística reveló la sobrefacturación ofertada por la empresa SST Security,  perteneciente al ex diputado colorado José Chamorro y su hijo,  cuya firma lleva 3 años ofreciendo ese servicio a la previsional.