La decisión del Ministerio Público fue adoptada luego de una reunión entre el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, el fiscal adjunto de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Federico Espinoza, los fiscales de la causa Aldo Cantero y Luis Piñanez, además de la directora de Delitos Económicos Patricia Doria.

En conferencia de prensa, el fiscal adjunto Espinoza explicó que la decisión busca agilizar el proceso y aguardar que el Juzgado Penal de Garantías de Turno fije la fecha para la realización de una nueva audiencia, a fin de que la causa sea elevada a juicio oral y público. En este sentido, explicó que la presentación de una acción de Inconstitucionalidad, única vía para accionar en contra de la determinación, retrasaría aún más la realización de dicha nueva audiencia, debido a los incidentes que podría presentar la defensa ante la Corte Suprema de Justicia.