Uruguay vivió este jueves la primera huelga general de trabajadores desde que asumió el presidente Tabaré Vázquez el 1° de marzo, una medida que los sindicatos adoptaron en demanda de mejoras salariales y de inversión pública.

El paro de actividades, de 24 horas, fue calificado de muy exitoso por los sindicalistas. Las calles de las principales ciudades del país mostraron poca actividad: las oficinas públicas y empresas estatales no abrieron, no hubo actividad bancaria, el transporte público sólo tuvo un servicio de emergencia y la educación pública detuvo sus actividades, lo mismo que buena parte de la privada. En los hospitales sólo se atendieron urgencias.

La central sindical PIT CNT, que organizó la jornada de protesta, evaluó en más de un millón el número de trabajadores que no concurrió a sus puestos de trabajo, en un país de 3,4 millones de habitantes. No se difundieron cifras oficiales.

El presidente del PIT CNT, Fernando Pereira, se alegró por el acatamiento a la convocatoria realizada un mes atrás bajo la consigna: “Cuando a los trabajadores nos va bien, al país le va bien”. Es el primer paro general de los últimos siete años, y fue duramente criticado por las cámaras de comercio e industrias.

“Decenas de miles de pequeños comerciantes se han sumado y se han sentido parte de este paro”, dijo Pereira por la tarde, en conferencia de prensa en la sede central sindical.

Los reclamos de los trabajadores son esencialmente económicos. Mejoras salariales y un incremento del presupuesto público están en el centro de los reclamos, aunque también pidieron en palabras de Pereira la aprobación de una “ley de insolvencia patronal” que asegure a los empleados sus indemnizaciones cuando una empresa quiebra.

Uruguay enfrenta un período de cierta tensión económica, en un contexto regional difícil y con una caída constante de sus ventas al exterior desde diciembre pasado.

En los últimos 12 meses además, el país acumula 9,02% de inflación, porcentaje netamente superior a la meta oficial de entre 3 y 7% anual, que se refleja en aumentos de precios cada vez más pronunciados de productos básicos de consumo.

En otros rubros importantes, como combustibles, se registraron alzas de precios de 5% a 7% por decisión oficial a fines de julio en este país importador neto de petróleo que registra además una fuerte depreciación de su moneda, de más de 15%, en lo que va del año.

El gobierno del Frente Amplio, preocupado por la inflación y apoyado por algunos empresarios, ha pedido prudencia a los trabajadores, una demanda que choca contra las aspiraciones de mejoras de los empleados.

Uruguay atraviesa este año dos instancias económicas importantes. Por un lado, se establecen las negociaciones salariales entre empresarios y trabajadores en los “consejos de salarios”, reinstaurados por Vázquez en su primera gestión (2005-2010).

Por otra parte, distintos sectores de la administración pública pelean por un incremento del gasto del Estado, que quedará previsto en el presupuesto nacional que regirá –una vez aprobado por el Congreso– hasta el final del quinquenio en 2020 y que se anuncia más ajustado que en ocasiones anteriores.

El PIT CNT también reclama que el gobierno se retire de las conversaciones para crear un acuerdo internacional que liberalice el comercio de servicios (TISA por su sigla en inglés), porque considera que podría dar lugar a la privatización de servicios públicos. El Ejecutivo sostiene que por el momento participa para recabar información.

Fuente: agencias / clarin.com